El Gobierno nacional, administrado por el ingeniero Mauricio Macri, a través del jefe de gabinete Marcos Peña y mediante la Resolución 166/16 establece la aprobación de un convenio marco de cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la jefatura de gabinete suscripto con fecha 22 de junio de 2016 “ad referéndum” del jefe de gabinete de ministros

Al respecto, el diputado provincial del PJ, Manuel Elías, advirtió que “esta posibilidad de segmentar la comunicación del partido político de turno en el Gobierno del Estado generaría una ventaja electoral y la posibilidad de manipulación de metamensajes, imposibles de equilibrar o igualar por las demás fuerzas políticas, con lo cual se agrietaría la base de nuestra democracia, por cuanto no estarían en un pie de igualdad los distintos partidos políticos a la hora de presentar sus plataformas a la ciudadanía”.

“La información de los habitantes de la Argentina con la que cuenta la ANSeS, y las demás dependencias gubernamentales como el PAMI  o el Ministerio del Interior con la base de datos de la tarjeta SUBE, debe ser secreta y para uso exclusivo del quienes recaban la información, toda vez que quienes brindaron sus datos lo hicieron con este fin y de ninguna manera para que el gobierno de turno utilice los datos para realizar comunicación persona a persona”, añadió el legislador a través de un proyecto de resolución.

En igual tono, alertó que “de no anularse esta resolución la población de la Argentina se encontrará sometida a la voluntad del funcionario de turno que determinará a quienes se comunicará y que se les comunicará, en Facebook, teléfono o mail llegará la información”.

“La población de la Argentina padece hace años la intromisión en sus vidas privadas por parte de las empresas y particulares que acceden a bases de datos, como por ejemplo a los números de teléfonos celulares y consumos de tarjetas de crédito y esta información es utilizada para campañas de marketing o cacería de potenciales clientes, lo que ha generado el rechazo de la población en general y derivó en la sanción de la Ley 26.951 por el cual se creó el Registro Nacional No Llame”, sumó Elías.

Dijo que “este tipo de bases de datos tiene un muy alto valor monetario en el mercado de la comunicación por cuanto permite direccionar la comunicación segmentándola hasta el nivel personal”.

Al tiempo que también consignó que “las empresas privadas y en especial los Bancos están muy interesados en este nivel de información que les permite evaluar niveles de consumo y poder adquisitivo para ofrecer tarjetas de créditos o productos financieros, directamente al mail o al teléfono, muchas veces invadiendo la privacidad de las personas”.

“Desde el momento en que la información empieza a circular por el Estado se corre un altísimo riesgo de filtraciones irreparables”, prosiguió, para luego dar cuenta que “si el Gobierno quiere detectar problemáticas e intereses tiene los datos de los censos nacionales y además, todas las escalas de acción de las estructuras estatales para obtener datos y transformarlos en información útil”.

“La apropiación de la base de datos del ANSeS le permitirá, al equipo de comunicación de Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos, contar y manejarse con el teléfono, el domicilio, el correo electrónico, el estado civil, el nivel de estudios, entre otros datos… lo que abre una amplísima gama de acciones posibles para influir en la vida privada de los argentinos, lo cual no debe ser permitido en un Estado de derecho”.