Ante la reciente clausura y la posible relocalización de la planta Atanor emplazada en la localidad de San Nicolás, desde el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires se hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” para que la empresa cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
Consecuentemente, a través de un comunicado, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación”. Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Se recuerda que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná. La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país), así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a ésto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años”.
Acto seguido, se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados? ¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?”.
Por otra parte, Colangelo recordó que “en marzo de 2024 hubo una explosion en la planta de Atanor de San Nicolás , y la investigación sobre sus causas y consecuencias fue dudosa en su proceder y en sus resultados”.
“Con el daño ya consumado, la responsabilidad insoslayable del Ministerio de Ambiente debe hacerse valer ahora con la exigencia de un plan de remediación total y efectivo, y con la aplicación de las sanciones correspondientes”, aseguró el presidente del CPQ-PBA, quien además concluyó que “lo sucedido con Atanor se enmarca en un contexto de irregularidades y falta de controles generalizado que se proyecta sobre todo el arco químico-industrial de la provincia de Buenos Aires pudiendo afectar a las poblaciones aledañas”.